Tras defender en Damasco a decenas de prisioneros políticos, el abogado sirio se aferra ahora al principio de jurisdicción universal desde Alemania para juzgar a responsables de crímenes contra la humanidad
Leila Nachawati Rego | Laila M. Rey
"La deshumanización fue desde siempre una táctica del régimen, que trata el país y a sus habitantes como si fuesen de su propiedad". Habla Anwar al-Bunni (Hama, 1959), destacado abogado sirio de derechos humanos, durante una conferencia celebrada en Madrid el 8 de diciembre. El evento, titulado Convoy por la liberación de los presos sirios, forma parte de la campaña mundial para liberar a las personas sirias detenidas de forma arbitraria tanto por el régimen sirio como por grupos como Hayat Tahrir al-Sham (la al-Qaeda siria). Allí se congregaron miembros de la sociedad civil, abogados internacionales y exprisioneros, cuyos testimonios ilustraron las palabras de al-Bunni.
"En las cárceles sirias cuesta respirar. Nos turnábamos para aspirar algo de aire de una pequeña rendija. Los que tenían problemas respiratorios no sobrevivían. Éramos 123 personas en una celda de seis por cuatro con acceso tan solo a un grifo y a un agujero en la esquina de la celda", relata Marwan al-Ash, arquitecto y superviviente de la cárcel, por la que pasó tanto antes como después del levantamiento popular de 2011.
Mucho antes de las protestas de 2011, Siria era ya conocida por sus tácticas de represión y tortura de presos políticos. Figuras como la desaparecida Razan Zaituneh, abogada de derechos humanos, o el propio Anwar al-Bunni, han trabajado en documentar esas violaciones, con un énfasis especial en el período conocido como 'la primavera de Damasco'.
La primavera de Damasco
"No se puede luchar contra el extremismo de forma individual. Para luchar contra él, hay que cuestionarse las estructuras, los climas que favorecen su florecimiento", defiende al-Bunni en referencia a Daesh y otros grupos que se asentaron en la zona aprovechando el caos y la impunidad. Una impunidad que se relata con crudeza en El caparazón, libro publicado recientemente en el que el exprisionero Mustafa Khalifa narra la experiencia de un civil encarcelado durante el mandato de Hafez al-Asad.
En el clima de represión que caracteriza a la Siria de los Asad hubo a principios de siglo un breve período de esperanza conocido como la 'primavera de Damasco'. Ocurrió tras el fallecimiento de Hafez al-Asad y durante el ascenso al poder de su hijo Bashar, que se proponía como promotor de reformas en el país, abierto al diálogo y a las críticas. El espejismo duró poco, y quienes se confiaron lo pagaron caro. Durante esos meses de transición entre dictadores se celebraron a lo largo y ancho del país reuniones donde se debatía el futuro del país y se presentaban propuestas, se publicaron revistas como al-Domani, del dibujante Ali Ferzat (al que años después fuerzas del régimen rompieron las manos en represalia por sus dibujos), intelectuales comunistas perseguidos durante décadas se expresaron con libertad y contundencia. El país, con su capital a la cabeza, se contagió de una atmósfera de optimismo que propició que un grupo de intelectuales publicasen un manifiesto que constataba que "ninguna reforma, ya sea económica, administrativa o judicial, traerá la seguridad y la estabilidad si no va a acompañada de las requeridas reformas políticas".
La reacción a la apertura prometida fue, tras la publicación de ese manifiesto, la detención de cientos de hombres y mujeres que habían liderado las iniciativas de petición de libertades y reformas. El recién nombrado presidente de la república hereditaria de Siria rechazó las críticas y comenzó una campaña masiva de arresto de los partícipes de la primavera de Damasco.
Las detenciones incluyeron a los principales miembros de la sociedad civil de entonces, como Walid al-Bunni y Kamal al-Labwani, a diputados independientes como Mamun al-Homsi y Riad Sayf, o al conocido opositor comunista Riad al-Turk, que había pasado 17 años en la cárcel y fue condenado a prisión de nuevo con 72 años. La defensa de varios de estos detenidos, incluido el propio Turk, la lideró Anwar al-Bunni, uno de los pocos que se atrevía a acometer una tarea que lo colocaba a él mismo en el centro de la diana.
Al-Bunni lleva desde los años 80 denunciando las condiciones infrahumanas de los detenidos y detenidas en Siria. Fue jefe del breve centro de capacitación en derechos humanos financiado por la Unión Europea en Siria, hasta que el Gobierno lo cerró en 2006. Convencido de la necesidad de su trabajo, a menudo financiaba la defensa de su propio bolsillo. Una de las más conocidas fue la de Aref Dalila, exdecano de la Facultad de Economía en la Universidad de Damasco.
Como miembro activo durante la primavera de Damasco, Dalila fue detenido en 2002 tras una conferencia en la que abogaba por una mayor transparencia en el Gobierno y medidas contra la corrupción. Al-Bunni denunció que Dalila había sido golpeado durante su interrogatorio, presentando como evidencia un pañuelo manchado de sangre. Tras la acusación, se prohibió a al-Bunni ejercer ante la Corte Suprema de Seguridad del Estado y Dalila fue condenado a diez años de prisión.
Más tarde, en 2006, el propio abogado fue encarcelado tras firmar la Declaración Beirut-Damasco, que respaldaba el respeto a la soberanía de Líbano, mientras recibía premios internacionales por su labor, como el que entrega Front Line Defenders a defensores de derechos humanos en situación de riesgo, o el de la Asociación Alemana de Jueces.
Defensor de la justicia universal
En 2014, tres años después del inicio de las protestas en Siria, al-Bunni decidió salir del país e instalarse en Alemania. Desde allí, junto con otras personas exiliadas y víctimas de torturas, estudia diferentes mecanismos políticos para perseguir a los perpetradores de abusos contra presos y presas en las cárceles sirias. Los abogados sirios luchan ahora para que se pueda llevar el caso a los tribunales europeos, ante la imposibilidad de hacerlo tanto en territorio sirio como a nivel internacional, por los vetos de Rusia y China.
Durante los años en los que al-Bunni trabajó defendiendo los derechos humanos en Damasco, se topó con la impunidad de un régimen que respondía a las críticas con más encarcelamientos, torturas y desapariciones. Durante sus años en el exilio no ha dejado de toparse con otro tipo de obstáculos: los que imponen países que por sus propios intereses arropan al régimen sirio. Al-Bunni asegura no perder la esperanza, sobre todo tras la aparición del archivo César, que incluye más de 28.000 imágenes que salieron a la luz pública mostrando a miles de personas víctimas de tortura y fallecidas bajo custodia del régimen.
De no haber esperanza, piensa, nadie estará seguro en los próximos años. "Si no se castigan estos crímenes, el clima de impunidad será cada vez mayor, con dictadores cada vez más fortalecidos. Nos interesa a todos, no solo a los sirios, que haya justicia frente a los crímenes contra la humanidad. Estos criminales no pueden ser parte de la solución", recalca al-Bunni.
En esta lucha contra la impunidad, la campaña mundial para liberar a los detenidos proseguirá su andadura, siendo los supervivientes y los familiares de los desaparecidos el vivo testimonio de la tragedia que no cesa en Siria.
Previamente publicado en El Diario.es, puede consultarlo aquí.
